PRESENTARÁ UN RECURSO POR VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La Comunidad presentará un recurso por vía contencioso-administrativa contra la desestimación del Gobierno central a las dos reclamaciones por importe de 5.583 millones por la no aplicación del principio de lealtad institucional contemplado en la Ley de Financiación Autonómica. El Gobierno regional ha dado orden a los servicios jurídicos para que presenten recurso, dentro de los dos meses de plazo.

Tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno central decidió conceder 500 millones a Aragón por las mermas recaudatorias ocasionadas por la política fiscal del Estado, es decir, por la repercusión que sobre las cuentas aragonesas hubieran podido tener las bajadas de los impuestos cedidos.

Desde el Ejecutivo autonómico madrileño se entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola comunidad autónoma quebraría el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución Española, que establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Por ello, el Gobierno regional presentó dos reclamaciones. En la primera -27 de octubre de 2009- se solicitó una compensación por importe de 2.873 millones por los menores ingresos recaudados por la Comunidad desde 2002 como consecuencia de la actividad legislativa del Estado en materia tributaria. En la segunda -14 de diciembre de 2009- se solicitó una compensación de 2.710 millones por el incremento de obligaciones de gasto sufrido por la Administración madrileña y que no estaban inicialmente previstas en el sistema de financiación.

Respuesta negativa del Gobierno central

Cuando iba a vencer el plazo de tres meses de silencio administrativo, y la Comunidad anunció la interposición de un recurso contencioso administrativo, el Estado desestimó de manera expresa las dos reclamaciones mediante la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera de las Comunidades Autónomas de 25 de enero de 2010, notificada el 27 de enero.

La Comunidad sigue ahora el mismo procedimiento utilizado por el Gobierno de Aragón, que formuló una reclamación de compensación al Estado. Ante la desestimación de la misma, el Gobierno aragonés recurrió por vía contencioso-administrativa, pero antes de obtener un pronunciamiento del tribunal se llegó a un acuerdo en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad de Aragón, reconociendo el Estado a favor de Aragón la compensación de 500 millones solicitada en 2009.

La Comunidad reclama al Gobierno de la Nación una deuda de 18.831 millones contraída por la no actualización de la población desde 1999 en el nuevo modelo de financiación autonómica, la falta de inversión del Gobierno central en los últimos seis años, el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad, así como la minoración de los ingresos por las actuaciones legislativas en materia tributaria desde 2002 y las nuevas obligaciones de gasto como consecuencia de las modificaciones normativas.