El Tribunal Supremo vuelve a juzgar desde hoy a Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, en esta ocasión por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, una causa que ha movilizado a juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos en apoyo del juez. La plataforma "Solidarios con Garzón" ha vuelto a convocar hoy una concentración frente al Supremo antes de que comience la vista, y por la tarde trasladarán a la madrileña puerta del Sol su protesta para denunciar lo que consideran una "persecución política".

Representantes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch van asistir hoy como "observadores" al juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.

El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar las escuchas en prisión a abogados del "caso Gürtel", tiene ahora que enfrentarse a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

La sesión de hoy estará dedicada a las cuestiones previas y no está previsto que Garzón declare hasta el próximo día 31, tras lo que se han reservado los días 1,2,6,7,8, y 9 de febrero para la declaración de la veintena de testigos propuestos por la defensa, la mayoría de ellos representantes de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica.

No estarán en este juicio, sin embargo, algunos de los testigos que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, consideró claves para probar la inocencia del magistrado.

El Supremo rechazó que declararan los tres jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel).

También fueron rechazados los testimonios de varias personalidades jurídicas internacionales solicitadas por la defensa, entre las que figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En la exposición de las cuestiones previas, el abogado de Garzón tendrá oportunidad de plantear al tribunal lo que considere pertinente e, incluso, de reiterar algunas de las reclamaciones que ya formuló durante la instrucción de la causa.

Para pedir la absolución del magistrado, Martínez-Fresneda se apoya entre otros argumentos en la llamada "doctrina Botín" del propio Supremo, que impide abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo de la causa.

Es exactamente lo que ocurre en este procedimiento, en el que la acusación popular la ejercen de forma conjunta Manos Limpias y Libertad e Identidad, que, según la defensa, "no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen".

LA FISCALÍA PIDE LA ABSOLUCIÓN

Este argumento coincide con el de la Fiscalía, que pide la absolución de Garzón y defiende la falta de legitimación de las acusaciones.

Otra de las peticiones reiteradas por el abogado de Garzón ha sido solicitar la nulidad de las actuaciones por la actuación "parcial" del instructor, el magistrado Luciano Varela, que, según el letrado, requirió a Manos Limpias para que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.

Además de todo eso, Martínez-Fresneda defenderá ante el tribunal que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional" y no ha sido cuestionada por "ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones".