Los tres grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid se han mostrado en contra del proyecto de 'Las Vegas' de Madrid tal y como se encuentra planteado actualmente y con las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha indicado que se podrían poner encima de la mesa para lograr que se ubique en la región, algo que el PP ha subrayado que "no significa barra libre".

El portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha señalado que se trata de "un proyecto" que no le gusta "nada" a su partido. "Ni el proyecto, ni la finalidad", ha precisado. "Es un proyecto montado por una empresa norteamericana basando en el juego y con implicaciones que no nos gusta", ha añadido.

Además, ha considerado "rechazable" que se pueda "tratar de establecer excepciones legislativas en temas que van desde el Estatuto de los Trabajadores hasta los horarios comerciales o la Ley del Tabaco". "Se trata de etablecer la 'República Independiente de Juegolandia'", ha dicho, como ha hiciera durante un pleno de la Cámara madrileña. "No es admisible", ha reiterado.

Seguidamente, se ha preguntado si es verdad que se podrían crear "hasta 220.000 puestos de trabajo", así como "qué calidad tendrían" y cuáles de esos puestos serían para ciudadanos españoles. "Uno puede vender la primogenitura, pero no por un plato de lentejas. No es de recibo tal y como está planteado", ha concluido.

Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, la diputada Eulalia Vaquero ha señalado que el tema "no ha tenido cabida en el primer pleno" que tendrá lugar cuando arranque el periodo de sesiones, si bien ha añadido que "está pendiente" y su grupo lo va a plantear próximamente.

"Estamos en contra no solamente del invento en sí mismo, que ya nos provoca mucha preocupación, sino por la forma en que el Gobierno regional piensa llevarla a cabo, saltándose todos los límites, regulaciones y normativas habidas y por haber. Es una irresponsabilidad hacer el ofrecimiento que ha hecho", ha dicho.

"Cualquier proyecto que puede alterar el tema territorial, medioambiental, infraestructuras, etc., debería ser consensuado de manera más rigurosa y con mucha más información. Este proyecto no puede ser aprobado por el Gobierno regional saltándose todas las normativas sino que debe ser un proyecto con suficiente información pública de lo que se pretende con él y los costos sociales y laborales. De entrada, así, no", ha añadido.

En una línea similar a la de los otros dos partidos se ha pronunciado el diputado del PSOE José Quintana, para quien "no se puede admitir este tipo de políticas" por parte del Gobierno regional y ha condenado que "se intente hacer algo así como un paraíso fiscal rozando la esclavitud laboral".

PP: "NO HABRÁ BARRA LIBRE"

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado que el proyecto puede generar 200.000 puestos de trabajo directos y que "todo lo que sea inversión, sobre todo extranjera, es algo muy positivo" que otras regiones españolas "estarían deseando" poder albergar en sus territorios.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que, si estos puestos de trabajo fueran destinados mayoritariamente a ciudadanos madrileños, se podría reducir significativamente la actual tasa de desempleo.

No obstante, respecto a las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está dispuesta a poner para que se desarrolle este proyecto en la región, el portavoz del PP ha dicho que "no significa barra libre" y que "una cosa es que se ayude y se flexibilicen ciertas cuestiones y otra es que se pase por encima de los principios del PP". "Las facilidades, ayudas e incluso la entrega de suelo está a la orden del día en estos temas", ha añadido.