La investigación judicial que indaga si la Comunidad de Madrid cometió durante el mandato de Ignacio González (PP) malversación de caudales y prevaricación al permitir que 2.935 viviendas públicas acabaran en manos de un fondo buitre se ha topado con un muro. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria, lleva un año sin nombrar a los dos peritos que deben colaborar con el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, instructor de esta causa que requiere del análisis de centenares de documentos financieros.
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